La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de modificación de la Ley de Financiamiento Político y dio una aprobación en general del proyecto de ley de Declaración Jurada de Bienes, con serios cuestionamientos de diversos sectores porque estarían privando al ciudadano de información necesaria para la toma de decisiones y para una participación adecuada en los asuntos públicos, fundamental para la consolidación del sistema democrático y republicano.
El 3 de febrero pasado recordamos 31 años del inicio de la transición democrática en el Paraguay. A lo largo de estas tres décadas, hemos transitado el proceso democrático con luces y sombras.
Entre las sombras del sistema democrático en el Paraguay se encuentra la persistencia de la corrupción y la impunidad que permean las instituciones de la República y que llevan a la ciudadanía al desencanto, al hastío y al descrédito hacia sus autoridades.
La transparencia es condición indispensable para la vida de la República. Para ello son esenciales al sistema democrático la información completa, veraz y oportuna sobre el financiamiento de la actividad política, sobre todo en los procesos electorales, así como el control ciudadano del origen de los bienes de las personas que deciden abrazar la vocación política y definen el manejo de la cosa pública.
La Iglesia sostiene que una democracia sin valores termina traicionando al pueblo y se convierte en totalitarismo. No bastan los procedimientos meramente formales, fundada en la limpieza de los procesos electorales, sino que es necesaria una democracia participativa que promueva y respete los derechos humanos (cfr. Aparecida).
La Doctrina Social de la Iglesia dice al respecto: “La participación en la vida comunitaria no es solamente una de las mayores aspiraciones del ciudadano, llamado a ejercitar libre y responsablemente el propio papel cívico con y para los demás, sino también uno de los pilares de todos los ordenamientos democráticos, además de una de las mejores garantías de permanencia de la democracia. El gobierno democrático, en efecto, se define a partir de la atribución, por parte del pueblo, de poderes y funciones, que deben ejercitarse en su nombre, por su cuenta y a su favor; es evidente, pues, que toda democracia debe ser participativa. Lo cual comporta que los diversos sujetos de la comunidad civil, en cualquiera de sus niveles, sean informados, escuchados e implicados en el ejercicio de las funciones que ésta desarrolla”.
A la luz de estos principios, exhortamos, pues, a los legisladores, Senadores y Diputados, así como a los líderes de los partidos políticos, que propicien y apoyen los mecanismos para una auténtica participación ciudadana, cuya condición indispensable es el acceso irrestricto a las informaciones que conciernen al manejo de la cosa pública. En ese sentido, apelamos al buen criterio de los Senadores en el tratamiento de las leyes mencionadas e invitamos a los Diputados a recapacitar sobre su decisión.
Asunción, 5 de febrero de 2020.
OFICINA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA CEP
