En relación con la actuación de la Cámara de Diputados de la Nación que, ante el pedido de pérdida de investidura, decidió proteger a algunos de sus miembros cuestionados por conductas que riñen con la ética y la legalidad, el Centro de Ética Social “Mons. Ramón Pastor Bogarín Argaña”, fundado en la Doctrina Social de la Iglesia, expresa:
- Que comparte la indignación ciudadana por la actuación corporativa del cuerpo legislativo para defender conductas éticas y legales reprochables porque atentan contra la credibilidad y confianza en las instituciones de la democracia representativa.
- La decisión de los Diputados, en mayoría, favorece la corrupción, que es una de las deformaciones más graves del sistema democrático porque subvierte la razón del ser del Estado; traiciona al mismo tiempo los principios de la moralidad pública; compromete el correcto funcionamiento del Estado cuyos representantes están para servir y no para ser servidos; introduce una creciente desconfianza respecto a las instituciones públicas, causando un progresivo menosprecio de los ciudadanos por la política y sus representantes, con el consiguiente debilitamiento de las instituciones. La corrupción impide la realización del bien común de todos los ciudadanos (cfr. CDSI, 411).
- El carácter moral de la democracia depende de la moralidad de los fines que persigue y de los medios de que se sirve. Por ello, los que tienen responsabilidades políticas no deben olvidar o subestimar la dimensión moral de la representación que, junto con la legalidad y el compromiso con el bienestar del pueblo, fundamentan la legitimidad de la investidura del poder. Esto exige ejercer la autoridad y el poder con espíritu de servicio al bien común y no para el logro de ventajas personales (cfr. CDSI, 407 y 410).
- La corrupción es la gangrena de los pueblos. Ningún político puede cumplir su rol, su trabajo, si está chantajeado por actitudes de corrupción. Si un pueblo quiere mantener su dignidad tiene que desterrarlo (Papa Francisco, Discurso a la sociedad civil, Asunción, julio de 2015).
Invitamos a los que ejercen cargos de representación política en general, y a los Diputados de la Nación, en particular, sobre todo a los que se declaran católicos, a reflexionar y asumir los principios éticos que deben emanar del compromiso social y político de su fe cristiana.
Alentamos a las organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía toda a arbitrar todos los medios legítimos a su alcance para exigir de sus representantes una conducta ética y el ejercicio del poder político al servicio del bien común de la sociedad.
Asunción, 15 de octubre de 2019.
POR LA COMISIÓN DIRECTIVA
Prof. Dr. Gerardo Gómez Morales, Presidente
(Contacto: 0981 406726)