Con relación al desalojo de familias campesinas en la colonia Guahory, Distrito de Tembiaporá, Departamento de Caaguazú, ocurrido el jueves 15 de septiembre pasado, la Oficina de Prensa de la Conferencia Episcopal Paraguaya, CEP, expresa:
- La Iglesia condena todo tipo de hechos que atentan contra la dignidad del ser humano, cualquiera sea su condición social, pero en especial cuando se trata de los sectores más vulnerables de la sociedad, como son las familias campesinas.
- En este sentido, lamenta y condena el uso desproporcionado de las fuerzas públicas para destruir los cultivos y las viviendas de los campesinos, en una tierra, cuya propiedad está en litigio y cuya titularidad no estaría suficientemente aclarada y comprobada, para actuar en consecuencia.
- El desalojo de las familias campesinas de la Colonia Guahory nos remite a la rica tradición del magisterio de la Iglesia sobre la propiedad de la tierra y su destino al servicio del bien común. Al respecto, el Papa Francisco sostiene que los frutos de la tierra deben beneficiar a todos y subraya las enseñanzas de san Juan Pablo II: “La tradición cristiana nunca reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada (…) La Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una hipoteca social (…) Por lo tanto, no es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos.” (Laudato Si, N° 93).
- Una vez más, se ve la necesidad de encarar con seriedad y urgencia una reforma agraria integral, que permita el arraigo de las familias campesinas en sus tierras. Esto, como lo recuerda el Papa Francisco, citando a los obispos del Paraguay, tiene consecuencias prácticas: “Además del título de propiedad, el campesino debe contar con medios de educación técnica, créditos, seguros y comercialización.” (Laudato Si, N° 94).
- Las autoridades competentes tienen la obligación de ajustar sus acciones a los preceptos constitucionales y legales, orientados por el respeto irrestricto a los derechos humanos, salvaguardando la dignidad de las personas y brindando las garantías necesarias a los más débiles.
Asunción, 21 de septiembre de 2016.
OFICINA DE COMUNICACIÓN Y PRENSA DE LA CEP