A los Poderes del Estado y al Ministerio Público

Nos dirigimos a ustedes para expresarles nuestra honda preocupación ante los desalojos forzosos y las amenazas de expulsión de comunidades indígenas y campesinas en diversas zonas del país. Los episodios recientes nos producen indignación por lo que instamos a las autoridades nacionales a precautelar los derechos de los pueblos originarios en nuestro país y el derecho a la tierra de nuestros compatriotas.

En razón de la justicia que todos merecen, libre de arbitrariedades y respetuosa de los principios fundamentales consignados en la Constitución Nacional, que aseguran la igualdad ante la ley y la dignidad de todos los ciudadanos con sus derechos y obligaciones, pedimos que se revisen los procedimientos realizados. Así también, y ante todo, pedimos que se proteja la vida de los más vulnerables, asegurando que en sus reclamos legítimos o en disputas por conflictos de propiedad estos no se vean perjudicados o postergados en favor del poder económico de otros.

Es necesario que levantemos nuestra voz para recordar que la ley obliga al legislador tanto como a todos los que se hallan bajo su jurisdicción. Toda acción que lesiona el sentido y la aplicación de los preceptos de la Constitución Nacional y la vigencia del cuerpo de derecho desacraliza la fe depositada en las leyes y en sus autoridades. En todos los casos se debe garantizar que no serán amparadas las acciones inicuas ni tolerada la impunidad.

El profeta Isaías advierte: “¡Ay de los que dictan leyes injustas y publican decretos opresores: no hacen justicia a los indefensos, privan de sus derechos a los pobres de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos!” (Is 10, 1-2).

Pedimos que se respeten los derechos de los pueblos originarios y las leyes que los regulan, en su sentido de asegurar la igualdad y la no discriminación, la autonomía, el acceso a la justicia con respeto al derecho consuetudinario indígena, la protección a sus territorios y a los recursos naturales para su sustento.

Pedimos que se priorice la atención del derecho a la tierra y a la propiedad para todos los paraguayos, disponiendo los recursos necesarios para desarrollar una política integral de reforma agraria, promoviendo la agricultura familiar campesina, la soberanía alimentaria y los derechos humanos, así como iniciativas que aseguren la protección de la ecología en una economía sana, sustentable, solidaria y sostenible. Es la hora de poner fin a la miseria, a la extrema pobreza y las prácticas que lastiman la cohesión social, el bien común y la salud en nuestra casa común.

Recomendamos que no se anteponga la necesidad de tipificar delitos antes que la urgencia de fortalecer, defender y promover el bien común como sustento de la paz social. Antes que criminalizar, los legisladores deben exigir y asegurar el acceso a recursos y oportunidades conforme a la dignidad de todos los ciudadanos. En este sentido, consideramos prudente que se evalúe la necesidad de derogar la reciente modificación hecha al Código Penal o que se la revise con mecanismos de control y diálogo.

Como Iglesia insistimos en que debemos crecer en una cultura política y social del diálogo entre hermanos y favorecer el encuentro que ayuda a buscar consensos y acuerdos que aseguran una sociedad justa, armoniosa y plena, donde no hay exclusiones ni diferencias injustas.

En estos días de las fiestas de la Virgen de Caacupé, invitamos a sensibilizarse ante tantas necesidades que pasamos en las condiciones de pandemia, y a tomar las decisiones oportunas para atender a todos los paraguayos.

A nuestra Madre Santísima, Tupasy Caacupe, acudimos también nosotros, implorando su protección maternal para la paz y el bien de todos.

Asunción, 29 de noviembre de 2021.

Consejo Episcopal Permanente de la CEP